Camino a un México más justo e igualitario

*Esteban Marchand publicó este texto originalmente en Sin Etiquetas el 22 de junio de 2015.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 14 de junio emitió la resolución 43/2015 y dejó claro que cualquier Código Civil que defina al matrimonio con fines de procreación y/o exclusivamente para una mujer con un hombre, es inconstitucional. Anteriormente se podían vincular los requisitos del matrimonio con las preferencias sexuales y la procreación.

“Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión […] pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, se lee en la jurisprudencia 43/2015 de la Primera Sala.

“La decisión de la SCJN es trascendental ya que implicaría la viabilidad para el cauce de matrimonios entre dos personas independientemente del sexo o identidad de género. En la mayoría de los Estados no habría manera de oponerse. Pero ahora depende en mucho de la fuerza de las organizaciones LGBT para llevar a cabo los matrimonios donde ya esta abierta la posibilidad y los cambios donde haya que hacerlos”, señala para Sin Etiquetas la investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y activista mexicana Gloria Careaga.

Sin embargo, en lo inmediato ninguna pareja del mismo sexo podrá acceder al matrimonio civil por la vía simple. Como señala el periodista y consultor mexicano en temas LGBT Enrique Torre Molina “es probable que un registro civil todavía se niegue a casar a una pareja gay y que esta tenga que recurrir al amparo. La diferencia es que lo que pase después será más rápido y se resolverá en favor de la pareja”.

SÍ ES UNA BUENA NOTICIA

Pero más allá de la dimensión legal hay cambios trascendentales gracias a la acción de la Suprema Corte. “Ayudará a que el respeto y el entendimiento de la diversidad sexual aumente. Porque las leyes son producto de cambio social y cultural, y a la vez son generadoras de esos cambios”, sostiene Torre Molina.

Los detractores son los de siempre. La iglesia, los obispos y los grupos más conservadores que se niegan a hacerle frente a una realidad que ya existe.

“Esto no quiere decir que haya una bienvenida nacional a la decisión. Habrá también que empujar a los gobiernos para campañas de promoción de este derecho, que no se ha hecho ni en el DF. Porque la gente asume las reformas legales, pero “con los dientes apretados”, como dicen estudiantes de la UNAM. Y eso nos coloca en condición de vulnerabilidad”, recuerda Gloria Careaga.

Acciones como la de la Suprema Corte son formas de “desarmar a los opositores del matrimonio gay, que cada vez están más solos en sus argumentos y en su visión de la igualdad”, reconoce Torres Molina.

En todo México las organizaciones seguirán luchando hasta alcanzar la libertad y que esta sea reconocida sin regateos, sin la necesidad de ningún amparo o figura legal como hoy en día se puede hacer si uno se quiere casar.. La comunidad LGBT tiene que vivir con dignidad y libertad. Es fundamental en una sociedad que se quiera llamar democrática que todos puedan vivir de forma igualitaria.


Yo las declaro felizmente casadas

Salvador Eljure, Editor de Actualidad de la revista Grazia, incluyó mi opinión en su texto sobre matrimonio igualitario.

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La otra liberación sexual

*Eduardo Huchín publicó este texto originalmente en Confabulario el 4 de abril de 2015.

La otra liberación sexualDos días antes de que yo me mudara al Distrito Federal, mi padre entró al cuarto para pedirme que dejara lo que estuviera haciendo en ese momento y prestara mucha atención. A la luz de mi viaje, tenía bastante claro que había llegado la hora de tener esa conversación. Papá estaba convencido de que en el DF mi vida podía desbarrancarse y, de hecho, era muy probable que se desbarrancara. Quería, con la comprimida historia de sus propios excesos, advertirme que la libertad con frecuencia se convierte en libertinaje. Me habría encantado decirle que sus consejos eran, por decir lo menos, tardíos. En cambio llamó mi atención que imaginara la liberalidad propia de la capital del país como un torbellino de degradación que me absorbería en cualquier momento. Supongo que pensaba que detrás de cada parada de camión habría un hombre en gabardina que no dudaría en invitarte a una orgía u ofrecerte éxtasis, para convencerte después de ir a una orgía. Le gustaba la palabra “orgía”: la trajo a colación cuatro o cinco veces.

La escena me viene a la mente mientras hablo con Flor, una joven lesbiana que decidió mudarse de Campeche al DF el mismo año en que yo lo hice. Hoy, cuatro años después, celebra su cumpleaños pero también un año más de su mudanza. Sus amigas han traído pastel, papas y cervezas. Los vecinos podrían confirmar la teoría de mi padre: cinco mujeres y un hombre celebran a altas horas de la noche, pero, una vez que has advertido que eres el único heterosexual en la sala, es posible reconocer que esa escena de una cotidianidad casi inocente habla más de la liberalidad que cualquier orgía.

A diferencia de lo que sucedió conmigo, Flor no recibió consejos familiares cuando avisó que se iría de su casa. Se suponía que sus razones eran meramente profesionales: encontrar un empleo mejor pagado, salir de la dañina inercia que suponen los trabajos gubernamentales. Para algunos de sus compañeros, la decisión había sido incomprensible: ¡estaba a punto de obtener una plaza estatal! Lo que ellos veían como un logro a Flor le parecía un síntoma de estancamiento. “Siempre he dicho que fue como un aviso de que el cemento de los pies estaba a punto de secarse y que tenía que salir corriendo”. Paradójicamente su viaje tuvo un trasfondo más sexual del que habría admitido en un principio. “En ese momento quería convencerme de que el tema profesional era lo importante, para no reconocer lo que a todas luces era cobardía.” Flor no quería enfrentar el clima represivo de Campeche, un ambiente social que si bien no toleraba las agresiones hacia homosexuales parecía recalcar que ese era el único derecho que iba a concederles.

Para comprender de qué estaba huyendo habría que decir que Campeche es una ciudad muy conservadora con respecto a las orientaciones sexuales, al grado de que todavía hasta hace unos años llamaba oficialmente a su reina del carnaval gay, “reina de eventos especiales”, un título carente de sentido. Pero algo más: se trata de un bastión conservador de menos de 250 mil habitantes, lo que significa que, si vas al parque principal y reúnes a un grupo de veinte personas al azar, doce van a estar en contra del matrimonio gay y al menos trece serán o parientes o excompañeros de la escuela o alguien encantado de iniciar un rumor en el edificio donde trabajas. Así las cosas, el clima no es solo tradicionalista: es profundamente invasivo.

Se trata de un mal que comparte toda la península y que define eso que entendemos por “provincianismo”. Enrique Torre Molina, consultor especializado en temas LGBT, mecuenta el tipo de conversaciones que acostumbra tener cuando alguien en el Distrito Federal descubre su lugar de origen:

–¿Eres de Mérida? Tengo un amigo en Mérida. Tal vez lo conoces.
–Tampoco nos conocemos todos.
–Se llama X.
–Mmm. Sí lo conozco.

(Aunque a veces sucede que el interlocutor se interesa menos por su ciudad natal y más por su orientación sexual.

–Oye, tengo un nuevo amigo. Es gay. Tal vez lo conoces.
–O sea, no todos los gays se conocen.
–Se llama X.
–Bueno, sí. Sí lo conozco.)

¿Habría –me pregunté cuando escuché la anécdota– una relación entre esa dinámica en la que yucatecos o campechanos parecemos conocernos y la férrea resistencia de nuestras sociedades a aceptar los derechos sexuales de la comunidad LGBT? En primer lugar no es extraño que en lugares tan pequeños y tradicionalistas, los chismes tengan que ver en su mayoría con las prácticas íntimas, las orientaciones sexuales y las dobles vidas. Una enorme carga homofóbica debe estar bajo la superficie cuando todavía se acude al rumor de la homosexualidad para cimbrar una carrera política. Y un clima, al mismo tiempo condescendiente y antigay, debe dominar cuando nuestros estados no repudian explícitamente las uniones entre homosexuales pero les ponen más trabas que si uno solicitara el permiso para destruir una reserva ecológica en aras de edificar un hotel.

“Hay muchos políticos en Yucatán de alto rango que son homosexuales, pero que no toman partido por el matrimonio gay porque no quieren asumir el costo político”, afirma el abogado Carlos Escoffié, integrante de la asociación civil Indignación, que promovió una acción por omisión legislativa contra el congreso yucateco por negarse a legislar en materia de matrimonio igualitario. Escoffié considera que, a las fuerzas de la religión y el moralismo, el rechazo peninsular debe explicarse también desde el regionalismo. Se trata de sociedades que entienden la apertura sexual como una claudicación a sus propias tradiciones y que se sienten todo el tiempo amenazadas por los fuereños, incluso si se trata de vecinos (cierto periódico yucateco daba la noticia de alguien que había asistido a la redacción para “limpiar su nombre y aclarar que no es campechano”).

En esas circunstancias, luchar por el matrimonio homosexual es una labor a contracorriente. Los conservadores lloran sangre cuando escuchan de uniones entre personas del mismo sexo y no pocos de quienes se consideran a sí mismos de izquierda piensan que no es un tema prioritario. En estados lacerados por la corrupción, la desigualdad social, el desempleo o los suicidios a la alza, ¿por qué tenemos que sacrificar tiempo de indignación, movilizaciones sociales y apoyo político por gente que solo pide casarse? Yo diría que precisamente por eso: porque en teoría se trata de una petición muy fácil de cumplir y lo que levanta suspicacias es la cantidad de embrollos institucionales a los que se echa mano para evitarlo. Es lo que llamo la “navaja suiza de Occam”: la explicación simple suele ser la correcta, pero a veces es más interesante indagar por qué insistimos en hacer complicadas las cosas.

Faride Cabrera Can y María José Estrada Muñoz contrajeron matrimonio el 30 de agosto de 2014, después de una larga lucha legal que incluyó un amparo federal. Tras una primera solicitud en marzo ante el registro civil de Campeche, la institución se negó a reconocer su unión “por no encontrarse previsto en el Código Civil del Estado el acto jurídico planteado”. El mismo documento les instaba a recurrir a la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia. Faride me explicó por qué rechazaron esa posibilidad y decidieron llevar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“Cuando la Ley de Sociedades de Convivencia fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado fue una gran noticia para la comunidad LGBT. Sin embargo solo hasta que fue publicada nos dimos cuenta de que en lugar de un avance había sido prácticamente un retroceso, ya que para validar una unión era necesario hacer el trámite ante el Registro Público de la Propiedad y no ante el Registro Civil. Eso es totalmente discriminatorio: no somos un inmueble o un negocio. Por eso era muy importante casarnos, sentar el precedente y por ningún motivo considerar la Ley de Sociedades de Convivencia.”

Cuando uno observa la cantidad de trámites que tienen que librar los gays para contraer matrimonio, entiende aquella aguda línea de Chuck Klosterman: “En mi opinión, tendríamos que legalizar el matrimonio homosexual. Los varones homosexuales son los únicos hombres del país que todavía quieren casarse.”

Hay una realidad incuestionable: la palabra “matrimonio” no va a servir como un mantra para acabar con siglos de discriminación y prejuicios respecto a los homosexuales. Incluso para gente de la misma comunidad LGBT esta lucha es contradictoria: ¿quién en su sano juicio querría abandonar una elástica vida sexual para adaptarse a la –mis dedos ya estaban ansiosos por teclear esta palabra– heteronormatividad? Para los heterosexuales treintones como yo, que rezamos porque los parientes dejen, por una maldita vez, de preguntarnos cuándo nos vamos a casar, en ocasiones es difícil entender por qué una comunidad progresista, abierta sexualmente y en ocasiones orgullosa de cumplir cierto papel de outsider quiere ser parte de una institución retrógrada, como es el matrimonio. Las razones no son claras hasta que dejas de pensar en el matrimonio como en una suerte de capricho que tiene cierta gente. No se trata solo de los beneficios prácticos (la seguridad social, entre ellos), sino del trasfondo que hace posible que el matrimonio homosexual sea reconocido legalmente en sociedades que ven la unión de ambas palabras como un oxímoron. En términos ideales: una transformación paulatina del clima social, una renuncia al doble discurso y una mayor capacidad de negociación política, aunque en términos prácticos quizás solo se necesite la habilidad de una comunidad para ser políticamente más influyente. Y el logro no es para nada menor.

Cinco años han pasado desde que el matrimonio igualitario es una realidad en el Distrito Federal, casi el mismo tiempo que Flor tiene de vivir ahí. Y aunque según cifras del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación capitalino los gays siguen siendo un grupo fuertemente discriminado, sus años en Campeche le hacen advertir una notable diferencia.

“En mis últimos dos empleos he sido muy abierta con respecto a mi sexualidad y en ambos lugares me han tratado con tanta ‘normalidad’ que me he sentido justo eso: normal. No sé si eso se deba a que no cumplo el estereotipo de cómo debe lucir una lesbiana, pero que no tenga que esconderme es una preocupación menos en mi vida. Creo que cualquier contexto represivo disminuye las posibilidades de realización personal y profesional y me cuesta trabajo pensar que puedas sentirte pleno en un lugar donde tienes que omitir ciertas partes de ti para ser aceptado.”

Un segundo más tarde, Flor despotrica contra los estrictos códigos de vestimenta que le prohíben llevar tenis al trabajo.

*Desde 1978, a fines de junio  se celebra en  la Ciudad de México la Marcha del Orgullo Lésbico Gay / Foto: Federico Gama


Entrevista en MidOpen

Gracias a Luis Buenfil por esta entrevista en la nueva edición  de MidOpen con el diseñador David Salomón en portada.

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2013, un año de avances para el matrimonio gay en México

*Esta nota la publicó Belén Zapata en CNN México el 26 de diciembre de 2013.

2013, un año de avances para el matrimonio gay en MéxicoTres años después de que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, parejas homosexuales por primera vez pudieron casarse fuera de la capital mexicana gracias a amparos, al tiempo que algunos estados aprobaron figuras legales similares para permitir las uniones gay.

Para algunos activistas, estos hechos reflejan que 2013 tuvo un “saldo positivo” para la comunidad homosexual.

“El matrimonio igualitario se ha convertido en los últimos años en el tema número uno en la agenda del movimiento gay”, dijo en entrevista el activista Enrique Torre Molina.

Durante el año, amparos permitieron que al menos cinco parejas homosexuales se casaran fuera del DF, hasta ahora la única entidad del país donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los enlaces se realizaron en Oaxaca (dos), Yucatán (uno), Chihuahua (uno) y Jalisco (uno).

Además, al menos otras 12 parejas más están a la espera de una resolución judicial o ya la obtuvieron pero aún no concretan enlace.

El activista Luis Guzmán, integrante del colectivo homosexual Codise, con sede en Guadalajara, consideró que en 2013 la comunidad gay consiguió lo que no se había logrado en más de tres años, desde que en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válida la reforma al Código Civil del DF que permitió los matrimonios entre personas del mismo sexo.

“Hemos demostrado que existen mecanismos mediante los cuales los ciudadanos y las ciudadanas pueden acceder a sus derechos sin pasar necesariamente por los congresos. Se sienta un precedente importante en esta materia”, dijo Alex Ali Méndez Díaz, coordinador de diferentes colectivos gay en México y abogado de las tres primeras parejas que obtuvieron un amparo para casarse.

En diciembre de 2009, el DF redefinió su concepto de matrimonio como la “unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida”. La reforma entró en vigor en marzo de 2010 y permitió que en su primer año de vigencia se casaran 700 parejas del mismo sexo y que dos mujeres fueran las primeras en adoptar un niño.

Antes, en 2007, Coahuila reformó su Código Civil y creó el pacto civil de solidaridad, lo que permite a personas del mismo sexo compartir derechos legales mediante un contrato.

Las reformas locales

Los amparos a favor del matrimonio gay en los estados tuvieron un antecedente en 2011, en el estado de Quintana Roo.

A finales de ese año, dos parejas del mismo sexo se casaron en el municipio de Lázaro Cárdenas, argumentando que el Código Civil indica que el matrimonio se integra por “personas” o “cónyuges”, sin indicar su género como en otros estados.

“Fue un caso curioso”, consideró Torre Molina, quien atribuyó el hecho a una omisión de los legisladores locales.

En los últimos tres años, además, algunos congresos estatales han iniciado la discusión de reformas para permitir las uniones entre personas del mismo sexo.

Durante 2013, esos debates tuvieron resultado en Jalisco y Colima, donde se aprobaron figuras legales que dan derechos a las parejas gay que decidan unirse, ya sea mediante un contrato o a través de una relación conyugal.

En Colima, el primer matrimonio gay se llevó a cabo en febrero de 2013, antes de la modificación al Código Civil. La unión entre dos varones se celebró en el municipio de Cuauhtémoc, luego de que las autoridades locales, basadas en el principio constitucional de la no discriminación, realizaron el enlace civil.

Seis meses después, en agosto, se publicó la reforma con la que se creó la figura de “enlaces conyugales”.

En Jalisco, considerado un estado conservador, cuna del mariachi y la charrería símbolos de la “hombría” del mexicano, se aprobó una Ley de Libre Convivencia que permite a las personas del mismo sexo tener derechos y obligaciones similares al de un matrimonio heterosexual.

Los debates pendientes

La discusión sobre el matrimonio gay llegó a finales de este año al Congreso de la Unión, donde los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para que ese tipo de uniones se reconozca en todo el país.

El tema todavía no es analizado en comisiones, aunque legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), primera fuerza en ambas cámaras, se han declarado abiertos a debatirlo.

Las parejas gay, mientras tanto, libran otras batallas por sus derechos. En mayo, atendiendo una resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que reconocerá a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Hasta entonces, el ISSSTE se había negado a reconocer sus derechos, argumentando que sus reglamentos solamente reconocen a matrimonios heterosexuales.

La Secretaría de Turismo, por otra parte, comenzó en octubre una campaña en redes para promover el turismo gay, en tanto operadores turísticos consideran que existe un “incipiente pero próspero” negocio de bodas y lunas de miel en este sector, principalmente en destinos de playa mexicanos.

A nivel internacional, el papa Francisco, líder mundial de la Iglesia católica, opositora al matrimonio entre personas del mismo sexo, envió señales de flexibilidad al declarar que él no juzga a los homosexuales y que éstos no deben ser marginados de la sociedad.

El Vaticano, además, inició este año una consulta a sacerdotes y obispos de todo el mundo para conocer su postura respecto al matrimonio homosexual, el divorcio y la anticoncepción, de cara a una reunión de religiosos en 2014 para discutir las enseñanzas de la Iglesia católica vinculada a asuntos familiares.


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