The Mexican Supreme Court on Wednesday ruled the same-sex spouses of those who receive benefits under the country’s social security system must receive the same benefits as their heterosexual counterparts.
El Economista, a Mexican newspaper, reported the justices in a 3-2 ruling said the Mexican Social Security Institute – Instituto Mexicano del Seguro Social in Spanish – must extend the same benefits that married heterosexual couples receive to gays and lesbians who have either tied the knot or entered into civil unions.
José Alberto Gómez Barroso, who married his partner in Mexico City in 2012, sought legal recourse through the Mexican judicial system after officials denied his request to add his spouse as a beneficiary under the country’s social security system. A lower court last year dismissed Gómez’s case after he passed away.
“The court’s ruling without a doubt is cause for celebration,” Alex Alí Méndez Díaz, a lawyer who filed lawsuits in 2011 and 2012 on behalf of three same-sex couples who tried to apply for marriage licenses in Oaxaca, told the Washington Blade. “The Supreme Court has been at the forefront of taking up decisions in relation to the rights of the LGBT community in Mexico.”
The ruling comes against the backdrop of the movement in support of marriage rights for same-sex couples in Mexico that continues to gain momentum.
The Mexican Supreme Court last February ruled the Oaxacan law that bans same-sex marriage is unconstitutional. States must also recognize gay nuptials that have taken place in Mexico City since the Mexican capital’s same-sex marriage law took effect in 2010.
A lesbian couple last month exchanged vows in Guadalajara in Jalisco. Gays and lesbians have also married in Colima, Chihuahua and in Quintana Roo and Yucatán on the Yucatán Peninsula on which the resort city of Cancún is located.
Same-sex couples in Baja California del Norte in which Tijuana is located and other states have sought marriage rights through the Mexican legal system. Coahuila currently extends property and inheritance rights and other limited legal protections to gays and lesbians.
“Since the legalization of same-sex marriage in Mexico City, the Mexican Social Security Institute has been one of the toughest organizations to lobby, one of the most stubborn institutions when it comes to amending their rules and giving equal treatment to its affiliates who have same-sex couples,” Enrique Torre Molina, an LGBT rights advocate and blogger in Mexico City, told the Blade on Thursday as he discussed the Mexican Social Security Institute ruling. “This is another step towards equality for gay and lesbian couples.”
Méndez stressed gay and lesbian Mexicans continue to suffer discrimination as long as they are unable to secure marriage rights.
“The court responded within the extent of its authority, but the result is insufficient,” he told the Blade. “The respect of human rights should be the general rule and its violation is an exception that must be addressed.”
*Esta nota la publicó Belén Zapata en CNN México el 26 de diciembre de 2013.
Tres años después de que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, parejas homosexuales por primera vez pudieron casarse fuera de la capital mexicana gracias a amparos, al tiempo que algunos estados aprobaron figuras legales similares para permitir las uniones gay.
Para algunos activistas, estos hechos reflejan que 2013 tuvo un “saldo positivo” para la comunidad homosexual.
“El matrimonio igualitario se ha convertido en los últimos años en el tema número uno en la agenda del movimiento gay”, dijo en entrevista el activista Enrique Torre Molina.
Durante el año, amparos permitieron que al menos cinco parejas homosexuales se casaran fuera del DF, hasta ahora la única entidad del país donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los enlaces se realizaron en Oaxaca (dos), Yucatán (uno), Chihuahua (uno) y Jalisco (uno).
Además, al menos otras 12 parejas más están a la espera de una resolución judicial o ya la obtuvieron pero aún no concretan enlace.
El activista Luis Guzmán, integrante del colectivo homosexual Codise, con sede en Guadalajara, consideró que en 2013 la comunidad gay consiguió lo que no se había logrado en más de tres años, desde que en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válida la reforma al Código Civil del DF que permitió los matrimonios entre personas del mismo sexo.
“Hemos demostrado que existen mecanismos mediante los cuales los ciudadanos y las ciudadanas pueden acceder a sus derechos sin pasar necesariamente por los congresos. Se sienta un precedente importante en esta materia”, dijo Alex Ali Méndez Díaz, coordinador de diferentes colectivos gay en México y abogado de las tres primeras parejas que obtuvieron un amparo para casarse.
En diciembre de 2009, el DF redefinió su concepto de matrimonio como la “unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida”. La reforma entró en vigor en marzo de 2010 y permitió que en su primer año de vigencia se casaran 700 parejas del mismo sexo y que dos mujeres fueran las primeras en adoptar un niño.
Antes, en 2007, Coahuila reformó su Código Civil y creó el pacto civil de solidaridad, lo que permite a personas del mismo sexo compartir derechos legales mediante un contrato.
Las reformas locales
Los amparos a favor del matrimonio gay en los estados tuvieron un antecedente en 2011, en el estado de Quintana Roo.
A finales de ese año, dos parejas del mismo sexo se casaron en el municipio de Lázaro Cárdenas, argumentando que el Código Civil indica que el matrimonio se integra por “personas” o “cónyuges”, sin indicar su género como en otros estados.
“Fue un caso curioso”, consideró Torre Molina, quien atribuyó el hecho a una omisión de los legisladores locales.
En los últimos tres años, además, algunos congresos estatales han iniciado la discusión de reformas para permitir las uniones entre personas del mismo sexo.
Durante 2013, esos debates tuvieron resultado en Jalisco y Colima, donde se aprobaron figuras legales que dan derechos a las parejas gay que decidan unirse, ya sea mediante un contrato o a través de una relación conyugal.
En Colima, el primer matrimonio gay se llevó a cabo en febrero de 2013, antes de la modificación al Código Civil. La unión entre dos varones se celebró en el municipio de Cuauhtémoc, luego de que las autoridades locales, basadas en el principio constitucional de la no discriminación, realizaron el enlace civil.
Seis meses después, en agosto, se publicó la reforma con la que se creó la figura de “enlaces conyugales”.
En Jalisco, considerado un estado conservador, cuna del mariachi y la charrería símbolos de la “hombría” del mexicano, se aprobó una Ley de Libre Convivencia que permite a las personas del mismo sexo tener derechos y obligaciones similares al de un matrimonio heterosexual.
Los debates pendientes
La discusión sobre el matrimonio gay llegó a finales de este año al Congreso de la Unión, donde los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para que ese tipo de uniones se reconozca en todo el país.
El tema todavía no es analizado en comisiones, aunque legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), primera fuerza en ambas cámaras, se han declarado abiertos a debatirlo.
Las parejas gay, mientras tanto, libran otras batallas por sus derechos. En mayo, atendiendo una resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que reconocerá a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Hasta entonces, el ISSSTE se había negado a reconocer sus derechos, argumentando que sus reglamentos solamente reconocen a matrimonios heterosexuales.
La Secretaría de Turismo, por otra parte, comenzó en octubre una campaña en redes para promover el turismo gay, en tanto operadores turísticos consideran que existe un “incipiente pero próspero” negocio de bodas y lunas de miel en este sector, principalmente en destinos de playa mexicanos.
A nivel internacional, el papa Francisco, líder mundial de la Iglesia católica, opositora al matrimonio entre personas del mismo sexo, envió señales de flexibilidad al declarar que él no juzga a los homosexuales y que éstos no deben ser marginados de la sociedad.
El Vaticano, además, inició este año una consulta a sacerdotes y obispos de todo el mundo para conocer su postura respecto al matrimonio homosexual, el divorcio y la anticoncepción, de cara a una reunión de religiosos en 2014 para discutir las enseñanzas de la Iglesia católica vinculada a asuntos familiares.
*Este texto se publicó originalmente en la edición de septiembre de la revista Betún. Una disculpa por el error de dedo en el dato sobre Patria Jiménez: no es 1987 sino 1997.
The 56-page decision cites two U.S. Supreme Court cases that specifically addressed race-based discrimination and segregation: Loving v. Virginia that found state bans on interracial marriages unconstitutional and Brown v. Board of Education that struck down laws that allowed separate public schools for black and white students.
“The historic disadvantages that homosexuals have suffered have been amply recognized and documented: public scorn, verbal abuse, discrimination in their places of employment and in the access of certain services, including their exclusion from certain aspects of public life,” the judges wrote. “In comparative law it has been argued that discrimination that homosexual couples have suffered when they are denied access to marriage is analogous with the discrimination suffered by interracial couples at another time.”
They further point out the U.S. Supreme Court said in Loving v. Virginia that restricting marriage on the basis of race is “incompatible” with the Equal Protection Clause under the 14th Amendment of the Constitution.
“In connection with this analogy, it can be said that the normative power of marriage is of little use if it does not give the possibility to marry the person that one chooses,” the judges wrote.
The court released its decision more than two months after the judges unanimously struck down the Oaxaca law that defined marriage as between a man and a woman.
Three couples tried to apply for marriage licenses in the state, but local authorities denied their applications. Lawyer Alex Alí Méndez Díaz filed lawsuits on behalf of two of the couples in Aug. 2011 and a third in Jan. 2012 who sought legal recourse — an “amparo” in the Mexican judicial system — to ensure local authorities would protect their constitutional rights.
The ruling also comes roughly six weeks before the U.S. Supreme Court will hear oral arguments in cases challenging the constitutionality of California’s Proposition 8 and the Defense of Marriage Act.
“They do it when in our country there is no previous rulings on the subject,” Méndez told the Washington Blade from Mexico City when asked whether it is common for Mexican Supreme Court judges to cite cases from other countries in their decisions. “These rulings are the first at the national level that support the topics in the way in which we had planned.”
Same-sex couples have been able to legally marry in the Mexican capital since 2010, and the Mexican Supreme Court has ruled other states must recognize gay marriages legally performed in Mexico City. Gays and lesbians have also married in Quintana Roo on the Yucatán Peninsula, while the state of Coahuila offers property and inheritance rights and other limited legal protections to same-sex couples.
The Uruguay House of Representatives in December overwhelmingly approved a bill that would allow gays and lesbians to tie the knot. Same-sex marriage advocates expect the measure will easily pass in the country’s Senate in April — President José Mujica has said he will sign it into law.
A Colombian Senate committee in December also approved a same-sex marriage bill. A court in the Brazilian state of São Paolo later that month ordered registries to begin offering marriage licenses to same-sex couples without a judge’s approval.
Argentina has allowed same-sex couples to marry since 2010, while Chilean President Sebastián Piñera in 2011 said he would introduce a bill that would allow gay men and lesbians to enter into civil unions. Same-sex couples would be allowed to tie the knot and adopt children in French Guiana under a proposal the French Senate is scheduled to begin debating on April 2.
The Inter-American Court of Human Rights in Feb. 2012 ruled in favor of lesbian Chilean Judge Karen Atala who lost custody of her three daughters to her ex-husband in 2005 because of her sexual orientation. Three gay couples from Chile who had been denied marriage licenses filed a lawsuit with the tribunal last September after the South American country’s Supreme Court ruled against them.
The Mexican Supreme Court cited the Atala case its decision that only applies to the three same-sex couples who had sought marriage licenses in Oaxaca.
“It just confirms that fighting for marriage equality on a federal level makes more sense and is becoming an increasingly global trend,” Enrique Torre Molina, an LGBT activist and blogger in Mexico City, told the Blade.
The Mexican Supreme Court on Wednesday is expected to formally announce its decision on whether the Oaxacan law that defines marriage as between a man and a woman is discriminatory. The judges will have to rule on an additional “amparo” from Oaxaca before gays and lesbians can legally tie the knot in the state.
“For there to be same-sex marriage throughout the country, if there is not a reform of the civil laws of each state, we will need five rulings in each one of the states that comprise the federation [of Mexico,]” Méndez noted.
Three couples — Lizeth Citlalli Martínez Hernandez and María Monserrat Ordóñez Narváez, Jesús Reyes Álvarez and Guillermo Emmanuel Martínez Pimental and Karina Mendieta Pérez and Gabriela Castellanos Mota — tried to apply for marriage licenses in Oaxaca, but local authorities denied their applications.
Lawyer Alex Alí Méndez Díaz filed lawsuits on behalf of two of the couples in Aug. 2011 and a third in January who sought legal recourse, known as an “amparo” in the Mexican judicial system, that would ensure local authorities would protect their constitutional rights. Geraldina González de la Vega, a lawyer who advised Méndez, noted to the Washington Blade this “remedy can be used against laws or acts of authority” in Mexico.
A Oaxacan court in April ruled in favor of Martínez and Ordóñez, but against Reyes and Martínez and Mendieta and Castellanos. An appellate judge in August cited the Mexican constitution that bans anti-gay discrimination in his ruling that ordered Oaxacan authorities to allow same-sex marriages.
The state’s governor and Congress petitioned the Mexican Supreme Court to review the case — Méndez also asked the tribunal to determine the criteria under which the Oaxacan marriage law should be understood.
“The court did not declare the unconstitutionality of the law, but the effect of its application is that the justices said that one would have to understand marriage is a contract celebrated between two people without any reference to the sex of those who enter into it,” Méndez told the Washington Blade during an interview from Mexico City hours after the justices issued their decision.
Same-sex couples have been able to legally marry in the Mexican capital since 2010, and the Mexican Supreme Court has ruled other states must recognize same-sex marriages legally performed in Mexico City. Same-sex couples have also married in Quintana Roo, which includes the resort city of Cancún on the Yucután Peninsula.
The state of Coahuila offers property and inheritance rights and other limited legal protections to same-sex couples.
The latest Mexican Supreme Court decision only applies to Oaxaca, but advocates maintain these cases will open the doors to same-sex marriages across the country.
González noted the court needs to issue five rulings before the “amparo” will “have general effects” throughout the country.
“We already have three,” she said.
“These cases set a precedent that can be invoked in any other state in Mexico,” Méndez added. “While it is not obligatory for those who must resolve these new cases, there is a high possibility that the result will be the same as what we have obtained in Oaxaca.”
Enrique Torre Molina, an LGBT activist and blogger in Mexico City, agreed.
“It’s not going to be long before same-sex marriage is a reality in the whole country,” he told the Blade on Wednesday. “It’s a matter of same-sex couples who have been thinking about getting married and haven’t done it either because they’re not in Mexico City and traveling is not an option or because they were going to get no for an answer. It’s just a matter of time of trying it out as these couples in Oaxaca [did] and sort of contribute to this history.”
The Mexican Supreme Court issued its ruling hours after a Colombian Senate committee approved a measure that would legalize same-sex marriage. Senators in the South American country are expected to debate the bill on Tuesday.
Same-sex couples have been able to legally marry in Argentina since 2010. Neighboring Uruguay allow civil unions for gays and lesbians, but the country’s lawmakers are expected to debate a same-sex marriage measure on Tuesday.
The Inter-American Court of Human Rights in February ruled in favor of lesbian Chilean Judge Karen Atala who lost custody of her three daughters to her ex-husband in 2005 because of her sexual orientation. Three gay Chilean couples who had been denied marriage licenses filed a lawsuit with the tribunal in September after the country’s Supreme Court ruled against them.
The Mexican Supreme Court cited the Atala case in its decision.
“Our country has already been sanctioned on many occasions by the IACHR,” Méndez said. “Our country, being part of this Inter-American system, will have to follow this trend in regard to protecting the human rights of the LGBT community.”
J. Lester Feder, a former Politico reporter who has covered the same-sex marriage throughout Latin America for four months for his blog AfterMarriage.org, noted to the Blade from Oaxaca that courts throughout the region often look to those in other countries in reaching their own decisions. He said the Atala case is one of the legal precedents the Oaxacan couples used in their successful lawsuits.
Justice José Ramón Cossío told CNN en Español he expects the same-sex marriage could become a reality throughout the country within a few months.
“The three cases are effective with respect to the state of Oaxaca,” he said. “By the position that we have on the Supreme Court as the country’s highest tribunal, it is foreseeable that if other people from other federal entities challenged a code that had a similar condition, the court would reiterate its criteria and within the next few months will guarantee the juris prudence that will become mandatory.”
“It means that it’s very likely universal marriage rights are going to be available in Mexico well before the United States,” he said. “International human rights law in the Americas is [increasingly interpreting] marriage rights as human rights, but the United States legal system doesn’t internalize international norms. We’re not participating in that trend.”